Unidad para poner el punto final a ETA

Sorprende ver que para algunos, el anuncio por parte de la
organización terrorista ETA del “cese definitivo de la actividad armada” parece
ser una mala noticia. A esa tesis se han apuntado la facción más a la derecha
del Partido Popular (aguirristas y mayororejistas, por ejemplo), algunos
representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo más alineadas
políticamente con esos sectores, y buena parte la prensa conservadora: parece
que es mejor negar la evidencia y ver la botella medio vacía, aunque esté a dos
tercios de estar llena, que reconocer que algo positivo puede suceder con
Rodríguez Zapatero todavía en La Moncloa.

Afortunadamente, a esas visiones distorsionadas de la
realidad, a las que la fuerza de los hechos va a dejar rápidamente en la
cuneta, no se ha apuntado Mariano Rajoy, al que las encuestas señalan como
próximo presidente del Gobierno tras las elecciones. En un gesto de honradez
intelectual, la misma que le faltó en los años de oposición más pedestre y
pancartera, ha reconocido el anuncio del fin de ETA se ha producido “sin ningún
tipo de concesión política… Es un paso importante, pero la tranquilidad de los
españoles sólo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de
ETA y su completo desmantelamiento”.

La posición de Rajoy es importante porque, según las
previsiones, será él quien deba gestionar el proceso que se abre tras el
comunicado de ETA, y que debe concluir con la entrega de armas, explosivos y
escondites de la banda, y la liquidación ante la Justicia española y francesa
de los delitos pendientes. Los comentaristas más recalcitrantes se dejan llevar
por una falsa indignación señalando con cierta rabia que ETA no ha anunciado su
disolución ni entregado las armas, además de no pedir perdón a las víctimas. Cualquier
observador ecuánime entiende fácilmente que, sin la actividad terrorista a la
que se ha comprometido a renunciar, ETA carece de sentido, porque su única
función es lo que llaman la “lucha armada”. La desaparición es su única salida,
y a todos nos interesa que sea ordenada y sin cabos sueltos.

Lo mismo ocurre con la entrega de las armas, un proceso
técnicamente complejo que nadie puede pretender resolver en un día o una
semana, y que exigirá competencia y tacto por parte de las fuerzas de seguridad
y los responsables políticos. En cuanto al perdón a las víctimas, probablemente
no lo obtendremos, porque no hay ninguna ley que obligue a ello, más allá de
las leyes de la decencia. Aunque sin duda será posible imponerlo como condición
a las medidas de reinserción, muchos ex terroristas cargarán con su culpa de
por vida. A las víctimas tendrá que confortarlas y compensarlas en la medida de
lo posible el conjunto de la sociedad y de los responsables políticos, aunque a
veces ellas mismas lo pongan ciertamente difícil.

Y la actitud del próximo Gobierno es importante porque,
dejadas a un lado las pistolas y las bombas,
llega la hora de la política, y la ideología que sustentó a ETA no
desaparecerá con ella. Probablemente asistiremos a buenos resultados
electorales de una izquierda aberzale plenamente legalizada, y a un creciente
desafío soberanista al que habrá que contestar con temple y la Ley en la mano.
Sin ponerse nerviosos, porque los éxitos electorales de los maximalistas
siempre van seguidos de fracasos, como ha ocurrido en Cataluña, y habrá que
aguantar el pulso con la Constitución en la mano. Por eso, porque necesitamos
líderes con temple y no con tendencia a la histeria, muchos ciudadanos se
habrán sentido confortados por la respuesta unánime y unitaria de los partidos
políticos, de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, a este último  estertor del terrorismo de ETA.



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